Miles de migrantes venezolanos en Colombia, que sumarían hasta 2,8 millones de personas, padecen una fuerte precarización laboral e informalidad: el 96 % trabaja sin contrato formal, con pagos bajos, jornadas extenuantes, acoso y discriminación. Reportes indican que muchos son captados por bandas criminales que los someten a trata con fines laborales o sexuales, situación que afecta también a menores. Solo se han registrado 469 denuncias laborales en seis años, lo que refleja la vulnerabilidad, el miedo y la falta de vías para denunciar.
El caso de Rafael, víctima de un atentado mientras trabajaba informalmente en Jamundí, muestra la realidad de inseguridad y ausencia de protección social: tras su muerte, su familia quedó desamparada y sin ayuda estatal. Según Dane y R4V, aproximadamente el 78 % de los contratos son verbales, y el 83 % de los migrantes vive en inseguridad alimentaria. Esto evidencia un ciclo de explotación sostenido por la falta de regularización migratoria, bajos salarios y escaso acceso a la justicia laboral.
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