En diciembre de 2024, un grupo de trabajo formado por organismos como el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio Público y la Policía Federal rescató a 163 trabajadores chinos en condiciones análogas a la esclavitud en las obras de la planta de BYD en Bahía, Brasil. Los trabajadores, contratados por la empresa Jinjiang, tenían que hacer frente a jornadas extenuantes de hasta 70 horas semanales, alojamiento precario y retención de pasaportes. Tanto BYD como Jinjiang fueron consideradas responsables por las autoridades. En respuesta, BYD dijo que cooperaba con las investigaciones y anunció la rescisión de su contrato con la constructora implicada.
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