En octubre de 2025, más de 150 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos presentaron ante la Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización das Nações Unidas (ONU) un informe alternativo — titulado El país que trabaja sin derechos: Informe Alterno 2025 — que cuestiona seriamente el cumplimiento de Colombia del pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. Este documento fue elaborado colectivamente por la sociedad civil —organizaciones territoriales, movimientos sociales, académicos y comunidades étnicas— para confrontar la versión oficial con los testimonios de precariedad, desigualdades estructurales y violaciones sistemáticas de derechos.
Según el informe, más del 56 % de la población ocupada en Colombia trabaja en la informalidad, sin contrato, sin seguridad social y sin posibilidad de sindicalización. Sectores como la agricultura, el comercio, el trabajo doméstico y la economía popular concentran los mayores índices de precariedad, especialmente entre mujeres, pueblos étnicos y zonas rurales. El documento también denuncia que las inspecciones laborales son insuficientes y persisten altas tasas de violencia antisindical. Finalmente, propone como solución un “nuevo pacto laboral y social”: trabajo decente, estabilidad, igualdad salarial, protección social, formalización con enfoque de género y participación sindical.
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