El informe de Repórter Brasil revela que aproximadamente 12 mil mujeres reclusas en Brasil trabajan sin derechos laborales básicos, como un contrato formal, decimotercer salario, fondo de indemnización por despido y pago de peligrosidad. La Ley de Ejecución Penal de 1984 obliga a los presos a trabajar con «fines educativos y productivos», desvinculando estas actividades de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) y permitiendo una remuneración inferior al salario mínimo, con parte de las sumas retenidas por las prisiones. Esta situación beneficia a empresas y gobiernos, que pagan salarios inferiores al mínimo y reciben exenciones de tasas laborales e incluso del impuesto ICMS.
Las reclusas realizan actividades como costura, ensamblaje de piezas, fabricación de productos y servicios internos en las prisiones, como limpieza y cocina. Denuncias de internas y ex internas apuntan a retrasos o falta de pago, falta de formación adecuada, carencia de equipamientos de seguridad y falta de auxilio en casos de accidentes de trabajo, resultando en secuelas permanentes sin apoyo. Los expertos critican el trabajo penal como una extensión del castigo, señalando que la pena debería limitarse a la privación de libertad, sin imponer condiciones laborales precarias. La falta de derechos laborales de las mujeres encarceladas las hace más vulnerables y objeto de abusos, perpetuando la marginación y dificultando su reinserción social tras el cumplimiento de la condena.
Más información aquí.