El 4 de mayo de 2025, las autoridades peruanas confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de seguridad en la provincia de Pataz, región de La Libertad. Estos trabajadores habían sido secuestrados el 26 de abril en el anexo de Pueblo Nuevo, una zona donde opera la minera Poderosa. Según informes locales, fueron ejecutados por «parqueros», sicarios vinculados a la minería ilegal. Los cuerpos, envueltos en bolsas azules, fueron encontrados en una galería subterránea y presentaban signos de tortura. Familiares de las víctimas denunciaron la desaparición el 29 de abril, pero inicialmente las autoridades pusieron en duda la veracidad del secuestro. La empresa minera negó tener relación directa con los trabajadores, quienes presuntamente laboraban para la empresa de seguridad R&R, subcontratada por la minera.
Este trágico suceso pone de manifiesto la creciente violencia en Pataz, una región afectada por la expansión de la minería ilegal y la presencia de grupos armados. A pesar de la riqueza mineral de la zona, las comunidades locales enfrentan condiciones precarias y una ausencia significativa del Estado. El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, describió el oro como una «maldición» para su provincia, destacando la falta de servicios básicos y la inseguridad persistente. En respuesta, la presidenta Dina Boluarte anunció la instalación de una base militar y la implementación de un toque de queda nocturno, así como restricciones en el transporte de minerales en la región.
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