Un proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos llamado “Ley para mantener los centros de llamadas en Estados Unidos de 2025” pretende que las empresas que han deslocalizado sus call centers al extranjero regresen esas operaciones al país. Entre sus medidas están crear una lista pública de empleadores que deslocalicen estos servicios, negarles subvenciones o préstamos federales si permanecen en el extranjero, imponer multas, y exigir que los call centers reubicados tengan al menos el mismo número de empleados que cuando estaban fuera de EE.UU. También se propone que los agentes que atienden llamadas revelen su ubicación física, y que los consumidores tengan derecho a ser atendidos por agentes que estén dentro de EE.UU., incluso si originalmente fueron contactados con agentes afuera o con inteligencia artificial.
Para Nicaragua, esta ley podría tener un impacto significativo. En ese país operan al menos 31 empresas de externalización de servicios que dan empleo a casi 14.800 personas y exportaron alrededor de 224 millones de dólares en 2024, especialmente hacia Estados Unidos. Los salarios en esos call centers son mucho más altos que los mínimos locales, lo que los convierte en una de las pocas oportunidades laborales estables para quienes hablan inglés. Si muchas de esas empresas pierden contratos o deciden reubicarse por las nuevas sanciones y restricciones, podría significar la pérdida de miles de empleos bien remunerados en Nicaragua, con graves consecuencias económicas y sociales.
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