La economía popular en Colombia, que abarca a más del 55% de la población ocupada, representa una forma legítima de producción y resistencia frente a un sistema económico que históricamente ha excluido a millones de trabajadores. Este sector, compuesto por vendedores ambulantes, recicladores, mototrabajadores, trabajadoras del hogar, pequeños comerciantes, agricultores de pequeña escala, artesanos, trabajadores de plataformas digitales y unidades productivas familiares, enfrenta precarización, falta de acceso a seguridad social y persecución estatal, como desalojos y decomisos de mercancía. La narrativa institucional tiende a criminalizar el trabajo informal, impidiendo el acceso a derechos laborales y perpetuando su invisibilización y precarización.
Para abordar estos desafíos, se propone fortalecer la economía popular mediante modelos asociativos y comunitarios que faciliten la autogestión y el acceso a derechos, superando la idea de que la única opción es la transición a la formalidad individual. La creación del Consejo Nacional de Economía Popular en 2023 busca asesorar y recomendar al Gobierno Nacional en la formulación de políticas públicas para el fortalecimiento de este sector, promoviendo espacios de concertación entre el sector público y privado. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la efectividad con la que se articulen estas estrategias con las necesidades reales de los trabajadores de la economía popular.
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