Aunque Colombia alcanzó en 2024 su mayor producción cafetera en casi tres décadas —14,7 millones de sacos, siendo uno de los principales productores mundiales—, una investigación de Repórter Brasil junto con Voces por el Trabajo revela que ese éxito comercial se apoya sobre condiciones laborales precarias que afectan a miles de recolectores temporales en regiones como Antioquia y Huila. Más del 80 % de estos trabajadores carecen de contrato formal, lo que los deja sin acceso a seguridad social, pensiones, salud o protección contra accidentes. Las jornadas de trabajo suelen superar los límites legales, la remuneración se basa muchas veces en volumen recolectado, y los pagos fluctúan según el clima o la producción, de modo que algunos recaen en ingresos por debajo del salario mínimo.
Además, las condiciones de vida muchas veces son muy duras: los alojamientos durante la cosecha suelen estar hacinados, con ventilación y luz insuficientes, baños compartidos sin privacidad, sin espacios adecuados para descanso ni higiene. Lo que resulta llamativo es que varias fincas con certificados “sostenibles” o de buenas prácticas ambientales (Rainforest Alliance, Fairtrade, C.A.F.E. Practices, etc.) muestran incumplimientos en los estándares laborales básicos. Aunque estos sellos prometen mejoras, en la práctica no garantizan que los recolectores temporales tengan vivienda digna, contratos ni derechos plenos.
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