La autora plantea que el trabajo de cuidados —todo lo que implica cuidar niños, personas mayores, personas con discapacidad, o mantener el hogar— sigue siendo en gran parte invisibilizado y no remunerado, sobre todo porque recae mayoritariamente sobre las mujeres. Este trabajo, aunque no se reconozca como “formal”, es esencial para el funcionamiento de las familias y de la sociedad. En Guatemala, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres realizan labores de cuidado no remuneradas, y dedican mucho más tiempo que los hombres a esas tareas; además, muchas mujeres no tienen ingresos propios y dependen de otros para su seguridad económica.
Para corregir esa desigualdad, el ensayo aboga por incorporar los cuidados como un sub‐sistema de protección social, reconociendo su valor, garantizando derechos tanto para quienes cuidan como para quienes reciben cuidados. Esto implicaría ampliar los servicios públicos de cuidado con calidad, mejorar cobertura geográfica, asegurar que el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado asuman corresponsabilidad, y contar con mejores datos e información para diseñar políticas eficaces. También sugiere que se integre este subsistema al sistema nacional de protección social en Guatemala, para que los servicios y programas no sean fragmentados, sino coherentes y sostenibles en el tiempo.
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