El 7 de julio de 2025, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó el Decreto Supremo N.º 136‑2025‑EF, que eleva su salario mensual de S/ 16 000 a S/ 35 568 —más de 30 veces el salario mínimo nacional— en un contexto donde el 84 % de los trabajadores afirma que su ingreso no cubre las necesidades básicas y más del 50 % gasta todo su sueldo en menos de una semana. El economista Fernando Cuadros y la socióloga Alejandra Dinegro califican la decisión como “irresponsable”, “ofensiva” y desconectada de la realidad social, en especial cuando más de 1,5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años están ni estudiando ni trabajando, y la informalidad laboral afecta a gran parte de la población.
La polémica ha motivado la presentación de ocho proyectos de ley en el Congreso con la intención de revertir o aplazar el aumento, además de una propuesta que limita el nuevo salario presidencial solo al próximo gobierno, a partir de julio de 2026. Expertos y legisladores sostienen que, aunque legalmente no hay impedimentos, se trata de una decisión de carácter político, no derivada de exigencias técnicas, y contraria a los límites establecidos por la Ley 28212. El debate ahora apunta a si el Congreso o el Ejecutivo decidirán revertir la medida para restablecer equidad y responder a la presión ciudadana.
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